Al menos 20 años de agresiones continuas de todo tipo, por
parte del Estado y los grandes empresarios nacionales y extranjeros, es lo que
vive la educación pública en México. Estas agresiones, lo sabemos, se deciden
en las oficinas de los grandes corporativos financieros con el objetivo
primordial de convertir este derecho elemental en un servicio privado que
genere ganancias al empresariado. Y desde su lógica, esto hace necesario
terminar con los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la educación,
sin importar las afectaciones que se ocasionen a decenas de millones de
ciudadanos.
Las últimas agresiones fueron las modificaciones a los
artículos 3° y 73 de La Constitución Política, la aprobación de 3 Leyes
Reglamentarias y las “armonizaciones” estatales de las Leyes de Educación
respectivas.
Desde el inicio afirmamos que con estos cambios el Estado
Mexicano violaba la Constitución, los Tratados y Convenios Internacionales
firmados por éste y una diversidad de Leyes y Reglamentos. Por tal motivo
decidimos combatir estos cambios en el terreno político, social y jurídico, al
tiempo que hicimos propuestas sustanciales de mejoramiento educativo.
En el terreno jurídico interpusimos amparos contra cada una
de estas modificaciones, solicitando la nulidad de las mismas y su declaratoria
de Inconstitucionalidad, por las afectaciones graves que su aprobación y
entrada en vigor ocasionaría. A casi dos años, la ilegal imposición de las
mismas se empieza a desmoronar. Nuestra lucha jurídica empieza a dar
resultados.
El día miércoles 14 de Enero de 2015, recibimos copias
certificadas de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en
Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con sede en la Ciudad Judicial,
Zapopan, Jalisco, emitida en sesión del 18 de Diciembre de 2014, en la cual se
nos otorga en uno de los amparos La Suspensión Provisional Definitiva contra La
Ley Estatal de Educación.
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